Ortega considera que la supuesta campaña de extorsión, chantaje e intimidación que atribuye al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel busca colocar una mordaza a su programa televisivo. La comunicadora manifestó el rechazo de Servicio Informativo Nacional a lo que definió como intento burdo y malicioso de coartar el ejercicio del periodismo en la República Dominicana, al tiempo que advirtió al presidente Leonel Fernández sobre el grave daño que puede ocasionar a su gobierno ese tipo de acción contra la libre expresión del pensamiento.
A juicio de Ortega, Rodríguez Pimentel pretende que el Grupo SIN y sus programas El Informe con Alicia Ortega, “El Despertador” y Noticias SIN, entre otros, no se hagan eco de las denuncias sobre la falta de transparencia que se atribuyen a muchas de las operaciones del director del Instituto Agrario Dominicano.
Mientras, el presidente del Grupo SIN, Fernando Hasbún advirtió que esa entidad asume el ejercicio del periodismo con absoluta sujeción a las leyes y apegados a los mejores intereses de la sociedad, “y estamos dispuestos a responder ante cualquier persona física o moral que se sienta lesionada por nuestro trabajo, pero rechazamos de plano cualquier intento de extorsión que pretenda atemorizarnos o limitar nuestros derechos”.
Consideró también que si Rodríguez Pimentel se siente difamado por el contenido de algunos de los programas del Grupo, está en su derecho de acudir a los tribunales, pero no puede tratar de coartar el de las empresas de promover sus productos y servicios a través de los medios que consideren los más apropiados para sus intereses.
Resaltó que la acción del director del IAD no tiene precedentes en las últimas décadas, y mostró copia del acto de alguacil mediante el cual advierte a las principales empresas del país de que serían acusadas de “difamación” en caso de continuar colocando sus promociones publicitarias en “El Informe”, bajo el alegado de que supuestamente la periodista Alicia Ortega desarrolla una campaña en contra del funcionario.
Hasbún llamó los empresarios a no dejarse intimidar por alguien cuyas ejecutorias han sido seriamente cuestionadas por la opinión pública y por las propias autoridades de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción y del Departamento de Persecución de la Corrupción.
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