En un informe divulgado hoy, la organización con sede en Nueva York, afirma que el Ejecutivo hondureño "evitó tomar medidas esenciales para investigar los crímenes y arrestar a sus autores".
El gobierno "ha minimizado los hechos y, al mismo tiempo, se ha movido con lentitud para investigarlos", según el CPJ.
La organización resalta que los siete asesinatos ocurrieron entre el primero de marzo y mediados de junio, un "asombroso número de homicidios en un lapso tan corto de tiempo en un país de 7,5 millones de habitantes".
Añade que estas muertes consideradas en su mayoría obra de sicarios no generaron más que silencio de las autoridades, que luego "las desestimaron" como consecuencias de la delincuencia callejera, según la organización.
El investigador del CPJ en Honduras, Mike O'Connor, afirma en el informe que "los asesinatos ocurrieron en una atmósfera cargada de violencia e ilegalidad".
"Las carencias constantes del Gobierno en la investigación de los crímenes contra periodistas y otras voces críticas, ya sea por falta de voluntad, impotencia o incompetencia, han creado un clima de consolidada impunidad", lamentó.
Según la CPJ, en al menos tres casos los informadores fueron asesinados en represalia por su actividad profesional, que también podría haber sido un factor en los restantes crímenes.
Además, el Gobierno hondureño ignoró las directrices de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se proporcionara protección a un periodista de televisión que luego murió acribillado, indicó la organización.
"Muchos periodistas temen que los asesinatos hayan sido cometidos con la aprobación tácita o la complicidad directa de la policía, las fuerzas armadas u otras autoridades", afirmó O'Connor.
En ese aspecto, resaltó que la división causada en la sociedad hondureña por el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en junio de 2009 ha contribuido a incrementar los temores de la prensa.
"La impresión es que el gobierno quiere sembrar el terror para que uno no sepa qué informar", afirma en el informe el jefe de redacción del diario El Tiempo, Geovanny Domínguez, para quien el resultado de esta atmósfera es que "no se informa sobre nada que haga sentir incómoda a la gente del poder".
Por ello, la CPJ pidió a la comunidad internacional, y particularmente a la OEA y a EEUU, que exijan de las autoridades hondureñas medidas definidas para combatir la impunidad y proteger la labor de los medios de comunicación.
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