El fiscal general de Irán y portavoz del citado Poder Judicial, Gholan Husein Mohseni Ejaei, respondía así a la petición del periódico alemán Bild am Sonntag para que se pusiera en libertad a sus dos reporteros, a los que las autoridades iraníes han acusado de espionaje. "El caso de los dos ciudadanos europeos debe seguir el curso habitual y por ello permanecerán en prisión hasta que las pruebas demuestren que no son culpables. Están en arresto temporal y su situación no ha cambiado", afirmó Ejaei, citado por la agencia de noticias estudiantil Isna.
Los dos ciudadanos alemanes fueron detenidos el pasado 10 de octubre en la ciudad de Tabriz cuando se hallaban en el domicilio de uno de los hijos de Ashtianí. Junto a ellos, las fuerzas de Seguridad arrestaron a los hijos de la mujer y su entonces abogado, Javad Houtan Kian, quienes también siguen en prisión.
En un primer momento, las autoridades iraníes les habían acusado de entrada ilegal en el país, ya que accedieron a territorio iraní con un visado de turismo pese a que trabajan como periodistas. Ambos aparecieron por primera vez en la televisión estatal iraní el pasado 16 de noviembre. Según la traducción en farsi, ambos admitían desconocer el caso de Ashtianí y aseguraban que habían sido engañados por la activista iraní Mina Ahadi, presidenta y fundadora del comité Internacional en contra de la Lapidación, que les había preparado el viaje para "ganar notoriedad".
Días después, el dominical alemán exigió la liberación inmediata de sus dos periodistas, así como del hijo de Ashtianí y de su abogado.
El Bild am Sonntag calificaba de absurda la situación ya que las irregularidades en el visado de que se acusa a los dos comunicadores suele ser castigadas en todo el mundo con una amonestación, una multa o la deportación.
El caso de Ashtianí, de 43 años, salió a la luz el pasado verano cuando su primer abogado reveló que, tras agotar todas las vías legales y en un proceso poco transparente, la mujer había sido condenada por adulterio y que por ello sería apedreada hasta la muerte. La pena despertó una oleada de duras críticas y protestas internacionales, lo que obligó al régimen iraní a suspender la sentencia y afirmar que se encuentra bajo revisión.
Meses después, el Poder Judicial aseguró que también había sido condenada a muerte por el asesinato de su marido, y que como ese delito prevalecía, sería condenada a muerte pero por ahorcamiento.
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