El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, dijo que la 'Guía para implementar medidas cautelares en beneficio de periodistas y comunicadores de México' "tiene como objetivo contrarrestar la situación violenta que enfrentan los defensores de los Derechos Humanos y periodistas" en el país.
Según el ombudsman mexicano, desde 2000 a la fecha han sido asesinados 65 informadores, de los que se ha dictado sentencia condenatoria solamente en diez casos. Además, desde 2005 a la fecha se han documentado doce desapariciones de reporteros y 17 atentados a medios de comunicación.
La guía traza el camino a seguir para la aplicación de medidas de protección: desde el conocimiento de una situación de inminente riesgo, hasta el seguimiento de la aplicación por parte de las autoridades de medidas cautelares.
En la guía se explica que una vez considerado el caso, las autoridades estatales o federales cuentan con un plazo de 24 horas para determinar si aceptan la aplicación de las medidas y 48 horas para acordar con la CNDH y el periodista la 'estrategia' de protección.
Después de 30 días, la CNDH y el periodista analizarán si procede el levantamiento de las medidas cautelares o su extensión, "que podrá ser prorrogada por el tiempo que sea necesario".
Según el ombudsman, el contenido de la guía "fue consultado con diversos especialistas, periodistas y organizaciones de la sociedad, para contar con la información suficiente que atienda la realidad de los comunicadores y proteja sus derechos".
Aclaró que "no es una guía definitiva. Está sujeta a enriquecerse con la colaboración de todos y con la responsabilidad del Estado para garantizar políticas públicas efectivas, que hagan realidad mucho de lo que aún permanece en el plano ideal".
Informó que de 1999 a la fecha la CNDH ha emitido 27 recomendaciones a diversas autoridades de la procuración de justicia y radicado 619 expedientes de queja relacionados con violaciones a los derechos de los periodistas y defensores civiles.
La guía cita un informe del Instituto Internacional de Prensa (IPI, por su sigla en inglés), que en 2009 señaló que "México se había convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano".
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