Familia orquestó masacre de 57 personas en una cena

El heredero de uno de los clanes familiares más poderosos del sur de Filipinas se ha sentado hoy en el banquillo para ser juzgado por la matanza de 57 personas, que puso de relieve la impunidad con la que actúan los ejércitos privados en este país. Y según ha declarado un testigo, la familia planeó la masacre en una cena.

Bajo fuertes medidas de seguridad ha arrancado el “juicio del siglo” en Filipinas, que sienta en el banquillo a los Ampatuan, un poderoso clan de caciques del sur del archipiélago, y a un centenar de pistoleros por la masacre que conmovió al mundo a finales del año pasado.

El 23 de noviembre fueron asesinadas en una emboscada las 57 personas que formaban la caravana electoral de los Mangudadatu, otra influyente familia que disputaba a los Ampatuan el puesto de gobernador en la provincia musulmana de Maguindanao, enclavada en la violenta isla de Mindanao.

Consciente del riesgo que entrañaba desafiar a sus rivales, Ismael Mangudadatu envió a su esposa Genaly, dos hermanas y dos cuñadas a registrar su candidatura a las elecciones celebradas el pasado mes de mayo, donde se alzó con la victoria. Mangudadatu pensaba que sus familiares estarían a salvo y que los Ampatuan no se atreverían a atacar a las mujeres porque viajaban acompañadas de 30 periodistas. Se equivocó totalmente.

Según declaró en la apertura de la vista oral un antiguo ayudante de los Ampatuan, Lakmudin Saliao, éstos planearon la matanza en una cena familiar celebrada seis días antes. Tal y como informan las agencias internacionales, el patriarca del clan y ex gobernador, Andal Ampatuan, reunió a su prole para discutir cómo detener a los Mangudadatu y su hijo y antiguo alcalde de Datu Unsay, Andal Junior, fue tajante: “Es fácil. Si vienen aquí, los mataremos a todos”.

El testigo Lakmudin Saliao“Todos se rieron y se mostraron de acuerdo”, confesó al tribunal el testigo de cargo, quien explicó que los Ampatuan planearon interceptar a la caravana en plena autopista y enterrar los cuerpos en una fosa abierta por una excavadora en una colina cercana, como así ocurrió finalmente.

Amenazas por traicionar al clan

El día de la masacre, Saliao permaneció en la casa junto al jefe del clan, quien siguió la operación a través de su teléfono móvil y con el altavoz abierto. Tal y como explicó el testigo, el patriarca ordenó perdonar la vida a los periodistas, pero su hijo le replicó que había que “barrerlos a todos porque, si no, alguien puede hablar”.

Mientras Lakmudin Saliao, que ha recibido amenazas por traicionar al clan con el que se había criado, desgranaba su estremecedor relato, las viudas de los reporteros asesinados lloraban desconsoladas y el principal acusado, Andal Ampatuan Jr., permanecía impasible enfundado en su mono amarillo de presidiario. Encerrado en una cárcel de máxima seguridad, se enfrenta a una pena de cadena perpetua.

La frialdad con que actuaron los Ampatuan demuestra la impunidad con que los caciques ejercen la violencia en Filipinas, donde abundan los asesinatos de candidatos y periodistas que desafían la corrupción del poder.

Aliados de la ex presidenta

Con hijos, primos y sobrinos colocados a dedo en los ayuntamientos y gobiernos provinciales de Mindanao y Maguindanao, los Ampatuan controlaban la vida política local y eran aliados de la entonces presidenta Gloria Macapagal Arroyo, a cuya coalición, Lakas-Kampi-CMD, entregaron votos cruciales en las elecciones de 2004 y en los comicios al Senado de 2007. Para hacer frente a la indignación popular, Arroyo detuvo al clan en una redada y lo expulsó de su partido, imponiendo la ley marcial para que el Ejército pudiera detener a decenas de policías corruptos.

Aunque en el banquillo se sientan un centenar de inculpados, otros cien sospechosos siguen huidos. El juicio, que ha despertado gran expectación en Filipinas, podría durar meses porque, a la lentitud del sistema legal en este país, se suma que la acusación ha citado a 227 testigos y la defensa a 373. Pero, por encima de todas estas dificultades, los familiares de las víctimas esperan que se haga justicia por esta salvaje matanza.

Violadas antes de morir

En las fosas comunes cavadas por los asesinos tras la matanza, el Ejército encontró cadáveres decapitados, algunos mutilados y entre estos los de varias mujeres que presentaban señales de que fueron.
Unos días después de la matanza, el Gobierno central impuso la ley marcial en Maguindanao y desplegó a las tropas para impedir que el ejército del clan Ampatuan se levantara en armas. El Ejecutivo aseguró el pasado diciembre que desmantelaría las 132 milicias privadas que campan por todo el país, pero el Ejército ha reconocido que 112 continúan con su actividad.

El actual presidente, Benigno Aquino, que asumió su mandato el pasado junio, anunció su compromiso con la defensa de los derechos humanos, aunque hasta el momento no ha tomado ninguna medida para la acabar con la impunidad de los grupos armados financiados por caciques, muchos de ellos vinculados a la política.