Dicha información, dada a conocer el miércoles 17 en el sitio de internet http://www.propublica.org/, se basa en una investigación periodística que compara el número de crímenes cometidos con métodos característicos de los cárteles de la droga en sus respectivas zonas de influencia y el número de notas periodísticas que los mencionan. Así, en los primeros seis meses del presente año se identificaron 3 mil 580 ejecuciones y los medios publicaron únicamente 462 notas relacionadas con los mismos, es decir, sólo alrededor del 13% de casos.
Las situaciones más dramáticas se detectaron en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Morelia y Veracruz, donde los diversos medios reportaron entre 0% y 8% de las ejecuciones cometidas. De acuerdo con ProPublica, “… los territorios que controlan Los Zetas y el cártel del Golfo son donde más aturde el silencio de la prensa (…) los medios de esas regiones difunden apenas entre 0% y 5% de los incidentes de narcoviolencia”.
El seguimiento que se hizo al periódico El Mañana de Nuevo Laredo muestra que, no obstante que de enero a junio de este año ocurrieron 364 asesinatos vinculados a los cárteles de la droga en dicha ciudad, el diario sólo publicó 15 noticias que hablaban sobre narcotráfico, y “14 de ellas eran acerca de la incautación de droga en la ciudad de Laredo, Texas, en el lado estadunidense de la frontera”. Ninguna se refería a una sola de las ejecuciones en la localidad mexicana.
Situación muy similar se vive en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el periódico El Norte, a través de su versión digital, reportó únicamente 128 de un total de mil 642 ejecuciones vinculadas al narcotráfico que ocurrieron en dicha ciudad, cuyo control es disputado por dos cárteles.
ProPublica inició operaciones en enero de 2008 y empezó a divulgar materiales en junio del mismo año. Su misión, de acuerdo con su propia declaración, es: “Exponer abusos de poder y traiciones a la credibilidad pública del gobierno, empresarios y otras instituciones, utilizando la fuerza moral del periodismo de investigación para alentar reformas a través de la exposición sustentada de la maldad”. Encabezan esta organización Paul Steinger, exeditor de The Wall Street Journal; Stephen Engelberg, exeditor de investigación de The New York Times, y Richard Tofel, excoeditor de The Wall Street Journal. Sus investigaciones son periodísticas, no científicas.
La información señalada se basó sobre todo en una investigación que realizó la Fundación Mexicana de Periodismo de Investigación (Mepi), con sede en la Ciudad de México, cuyo lanzamiento se realizó apenas el 4 de mayo pasado y es encabezada por Ana Arana, becaria de la Knight International Journalism Fellowship, luego de haber sido, durante los años ochenta y noventa, corresponsal en Centroamérica y Colombia para la CBS.
ProPublica señala que “Mepi monitoreó durante los primeros seis meses del año los siguientes diarios: El Noroeste (Culiacán), El Norte (Ciudad Juárez), Norte (Monterrey), El Dictamen (Veracruz), Mural (Guadalajara), Pulso (San Luis Potosí), El Mañana (Nuevo Laredo), El Diario de Morelos y Milenio (ediciones nacional y de Hidalgo). El análisis compiló todos los artículos que mencionaban palabras clave para hablar de la violencia de la droga: ‘narcotráfico’, ‘comando armado’, ‘cuerno de chivo’, etcétera. No fue posible comparar estos resultados con estadísticas oficiales de criminalidad, ya que las pocas que existen se contradicen entre sí, pero Mepi contrastó el total de artículos publicados con el número de ejecutados en cada ciudad. Esta comparación permite ver cuánto calla la prensa en cada una de las ciudades que más sufren la violencia de la droga en México”.
Además del monitoreo, realizaron entrevistas con periodistas de los medios monitoreados para conocer sus explicaciones sobre los resultados de la investigación. Asentaron que en dichas entrevistas “los periodistas regionales admiten que no escriben sobre todo lo que pasa en sus regiones, pero confiesan que se enfrentan a una elección difícil entre la ética de la profesión y su seguridad personal”.
Los periodistas aceptaron las entrevistas con la condición del anonimato. El único nombre que aparece es el de Alfredo Quijano, editor de El Norte de Ciudad Juárez, quien afirma: “No sacamos 80% de la información (…) Nuestras notas son más simples ahora; ya no damos seguimiento (…) Ahora el seguimiento es de un día. Hace dos años estábamos peor; hemos estado viendo la forma de cómo decir las cosas y hemos encontrado formas”.
Algunos reporteros afirman que los cárteles empezaron a imponer su ley en julio de 1986, cuando sicarios de lo que ahora es el cártel del Golfo acribillaron a las puertas del periódico El Popular de Matamoros, Tamaulipas, a Norma Moreno Figueroa, destacada e influyente columnista, y al director de dicha publicación, Ernesto Flores Torrijos, por haber divulgado en su columna datos “sobre el alcalde Jesús Roberto Guerra Velasco, pariente de Juan Nepomuceno Guerra, uno de los fundadores del cártel del Golfo”.
ProPublica asienta al respecto que “un veterano reportero local” declaró a Mepi: “Ese asesinato definió los parámetros del trabajo para todos los periodistas en Matamoros”. Hoy, agrega el portal, ocho periodistas de Tamaulipas “relataron a Mepi que Los Zetas y el cártel del Golfo los citan en forma periódica a reuniones en que les dan directivas sobre qué deben cubrir y qué no”. Y en Matamoros los medios locales, al igual que en Nuevo Laredo, no difunden una palabra sobre las ejecuciones y la violencia de la región.
De acuerdo con la investigación, en Sonora se produjeron en el primer semestre del año 213 ejecuciones, y El Imparcial de Hermosillo publicó 69 notas sobre igual número de casos, es decir, se difundió aproximadamente 13% de los crímenes; en Chihuahua hubo mil 642 asesinatos de este tipo, y El Norte de Ciudad Juárez publicó 128 notas, 8%; en Nuevo León fueron 378 las ejecuciones, y El Norte dio a conocer 43 notas, poco más del 11%; en Tamaulipas, fueron 364, y El Mañana no registró ninguna noticia al respecto; en Sinaloa, los ejecutados fueron 140, y Noroeste dio cuenta de 113 casos, más de 80%; en Jalisco se contabilizaron 155 crímenes y 21 notas de Mural, es decir, 13%; en San Luis Potosí, fueron 25 los asesinatos de esta clase contra una sola nota, contenida en el diario Pulso, apenas 4%; en Michoacán, hubo 382 ejecuciones y únicamente 17 informaciones de La Voz de Michoacán, 5%; en Morelos, 57 los crímenes y 52 las notas, que se dieron a conocer en El Diario de Morelos, o sea, más de 91%; en Hidalgo, 70 las ejecuciones y nueve las informaciones que difundió Milenio,13%; y en Veracruz, 154 los homicidios y nueve las publicaciones de El Dictamen, escasamente 6%.
Aunque los estados de Morelos y Sinaloa destacan por registrar altos porcentajes de las informaciones vinculadas a los cárteles, el portal hace referencia específica solamente a la segunda de las entidades. Señala que un periodista sinaloense comentó en torno al secuestro de cuatro periodistas en La Laguna que, “cuando se enteró de que los secuestradores eran hombres del cártel de Sinaloa, supo que los comunicadores no iban a morir. No es que haya cárteles buenos o malos, sólo hay diferentes maneras de controlar a la prensa. Asesinar a periodistas no es el estilo de esa organización”, dijo.
El estudio pretende documentar con datos duros lo que se difunde y comenta desde hace tiempo en los medios nacionales de comunicación a partir de hechos aislados, eventos trágicos y anécdotas. Pero sin duda tiene importantes limitaciones, sobre todo por la ausencia de una estadística oficial confiable y por las dificultades para comparar el número de ejecuciones y las correspondientes informaciones periodísticas. Sin embargo, como ellos mismos señalan, “los datos y las entrevistas con periodistas muestran que las amenazas, los sobornos y la coacción delinean el contenido de las noticias que se difunden a cientos de miles de mexicanos que viven fuera de la capital de la República”.
Tal es la realidad que sufren los periodistas que trabajan en los territorios controlados por los cárteles de la droga, y de tal magnitud la desinformación que padece la ciudadanía que depende de las notas de los diarios locales, pues son los capos de la droga quienes definen (por medio de amenazas, sobornos y coacción) la imagen de la realidad que difunden los medios de comunicación locales.
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