El diputado Gaspar Llamazares, portavoz parlamentario de la opositora coalición Izquierda Unida, dijo a IPS que continuará pidiendo en el Congreso legislativo que se haga comparecer al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, para que explique las razones por las que dificultó el procesamiento de los acusados.
"Esto no puede quedar así, es una cuestión de justicia y de responsabilidad ante los ciudadanos, que ningún órgano gubernamental debe ignorar y mucho menos el Congreso", añadió.
Las presiones instando a la Fiscalía, al gobierno y al Congreso para que actúen se manifiestan desde distintos sectores, entre ellos la familia de Couso, mientras que desde la principal fuerza de oposición, el derechista Partido Popular (PP), se mira hacia otro lado.
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que el contenido de las informaciones filtradas sobre el asesinato "no ha sido confirmado" y que por ello su partido se abstendrá de pronunciarse "por el momento".
Además, planteó que la comunidad internacional debe responder de manera conjunta a las filtraciones que un pool de cinco grandes publicaciones mundiales –entre ellas el diario español El País- comenzaron a revelar el domingo 28 sobre 250.000 mensajes secretos o confidenciales entre el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos y sus embajadas.
"Los documentos pueden afectar aspectos importantes en las relaciones diplomáticas e internacionales", adujo.
El líder del PP José María Aznar gobernó España entre 1998 y 2004 y llevó al país a participar en la guerra de Iraq, iniciada en marzo de 2003, pese al rechazo mayoritario de la ciudadanía y de la oposición política. Couso fue asesinado un mes después de la invasión.
La familia de Couso, que cubría la guerra para la privada Telecinco, señaló en rueda de prensa su indignación por constatar que tanto la Fiscalía como el gobierno "en vez de defender la soberanía nacional e investigar lo que le ocurrió, se pone al servicio de una potencia extranjera y oculta la verdad", lo que los llevará a emprender nuevas acciones legales próximamente.
Los portavoces del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su agrupación, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), eludieron responder a las preguntas de IPS sobre el tema, remitiéndose a las efectuadas el martes 30 por Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores.
La canciller subrayó que "en España la justicia es independiente y actúa con mucha seriedad" y que por eso "es impensable que se pueda ver presionada bajo ningún concepto para que pueda cerrarse un procedimiento judicial".
Durante el semanal pleno de control legislativo al gobierno, Zapatero y Jiménez mantuvieron este miércoles 1 el silencio y la sonrisa como respuestas a las preguntas que los periodistas le repitieron sobre el caso en los intervalos de la sesión en el Congreso de los Diputados.
Pero el revuelo en España resulta imparable desde que El País comenzó a publicar en sus ediciones digital e impresa partes referentes al caso Couso incluidas en los documentos secretos de Estados Unidos filtrados por el sitio Wikileaks en Internet.
Según esos documentos, el gobierno actual apoyó todo lo realizado por la embajada estadounidense en Madrid para evitar que prosperase la causa contra los militares que dispararon desde un tanque al hotel Palestina, donde se alojaban los periodistas, dirigiendo sus armas al balcón del piso 14 desde donde Couso filmaba los acontecimientos junto a otros colegas.
En uno de los documentos, enviado a la entonces secretaria de Estado, Condolezza Rice, en mayo de 2007 por el embajador estadounidense en Madrid, Eduardo Aguirre, éste le aseguró que el gobierno español había "ayudado entre bastidores" a que la fiscalía apelara las decisiones del juez, para que no se siguiera investigando la muerte del reportero.
Dos años antes, en octubre de 2005, el juez de la Audiencia Nacional (una especie de juzgado federal), Santiago Pedraz, dispuso mediante una orden internacional la detención de los tres soldados estadounidenses que bombardearon al hotel. La orden nunca prosperó, en especial por la negativa de Washington a acatarla pero también por la pasividad del gobierno español.
Los papeles del Departamento de Estado filtrados Wikileaks, en lo que se conoce ya como "cablegate", muestran que ministros españoles colaboraron para que no se concretaran las órdenes de detención internacional contra los militares estadounidenses, tal como lo aseguró Aguirre en un cable a sus superiores.
Entre los altos funcionarios involucrados, se cita al entonces secretario de Estado de Exteriores y actual secretario de la Presidencia, Bernardino León, y al que fue ministro de Exteriores desde 2004 hasta octubre, Miguel Ángel Moratinos.
En otro de los documentos, en un cable enviado por el embajador al Departamento de Estado el 14 de mayo de 2007, admitió que aunque en público los miembros de la embajada irradiaban "respeto por la independencia del sistema judicial español" y por el camarógrafo asesinado, luchaban "entre bastidores con uñas y dientes para hacer desaparecer los cargos", contra los militares estadounidenses que dispararon contra el hotel.
La también hasta octubre poderosa primera vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo en aquellos días una reunión con el embajador, a quien le dijo que el fiscal Cándido Conde-Pumpido le había informado de "la excelente cooperación de la que había disfrutado de parte de la embajada y las autoridades norteamericanas, para ayudar a concluir el caso".
A esa "excelente cooperación" se refirió este martes 30 la Fiscalía en un comunicado, donde subraya que en sus actuaciones aplica criterios estrictamente jurídicos sin admitir injerencias externas.
Pero también asegura que "mantiene una estrecha y fructífera relación de cooperación con la Fiscalía General de Estados Unidos", como con entidades similares de otros países, "fundamentalmente en el área de la lucha contra el terrorismo internacional, el narcotráfico y la criminalidad organizada". Pero no aclara si consideraba a Couso incluido en ese "área de lucha".
Tras varias suspensiones del juicio y sucesivas reanudaciones, el 30 de julio de 2010 el juez español ordenó la búsqueda, captura e ingreso en prisión de los tres soldados estadounidenses implicados, pero Interpol no dio curso a las órdenes y Estados Unidos se negó a admitirlas por calificar a los hechos como un "delito militar", de su propia jurisdicción.(FIN/2010).
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